La Comisión impulsada por UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, es la Asociación Empresarial del Seguro) para estudiar los efectos del envejecimiento en el Estado del Bienestar presentó ayer las principales conclusiones del dictamen elaborado por este grupo de expertos. Rodrigo Rato, en calidad de presidente de esta Comisión, expresó, en primer lugar, que el sistema de protección social y el de pensiones “merecen la pena ser conservados, por lo que la sociedad española necesita un “debate, amplio y sereno” sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar, que derive en reformas “con cierta urgencia”, pues, tal y como señalan diversos estudios técnicos, en 15 años habrá una “insuficiencia financiera” del sistema de pensiones. El debate, añadió, requiere de “consenso, sin duda”, pero los “consensos- matizó- no son excluyentes de reformas”.
En opinión de la Comisión, el elemento fundamental e “imprescindible” para conservar y consolidar el sistema de pensiones pasa por la prolongación de la vida laboral efectiva. “No es una cuestión de cambiar la edad legal de jubilación, sino que los españoles trabajen más años”, comentó Rato. En este sentido, el dictamen de la Comisión aboga por “alterar profundamente el sistema actual de incentivos y hacerlo en una doble dirección: por un lado, incitar a trabajar más años; y, por otro, eliminar elementos que impulsan a sacar del mercado a los trabajadores de más de 50 años”.
Sin entrar en propuestas concretas, este dictamen aboga por aumentar la “flexiseguridad, es decir, el impulso de mecanismos que permitan incrementar las tasas de empleo creando nuevas posiciones atractivas y flexibles de incorporación al mercado de trabajo”.
Como posteriormente apuntó José María Fidalgo, ex secretario general de Comisiones Obreras y miembro de esta Comisión, el alargamiento de la vida laboral ha de entenderse no sólo desde un plano económico, sino como un concepto “vital y cultural”, avanzando hacia un esquema menos rígido de los tres “tabiques” de la vida (formación, vida activa y jubilación).
Más información, e independiente:
A la par de esta “precondición” de la prolongación de la vida laboral, este grupo de expertos aboga también por información. En primer lugar, detalló Rato, la información es “imprescindible” para el debate que se plantea y para que la sociedad sea consciente de la realidad. Entienden que se precisa elevar el nivel y calidad de la información a los ciudadanos. “Existe la información –comentó Rato- y hay que trasladarla a la sociedad”, y, además, “de manera recurrente”. Según se recoge en el propio dictamen, se ha de informar “regularmente” al ciudadano en dos vertientes: la personal, que afecta a sus cotizaciones y prestaciones; y la colectiva, en lo que se refiere a sostenibilidad de las pensiones públicas.
En este sentido, el dictamen considera que la figura de “comisionados independientes”, como se aplica en otros países, será una “idea interesante”. Esta institución pública independiente, responsable de velar por el acopio de información y su difusión, ayudaría a “ampliar la identificación ciudadana con el sistema y la confianza pública”. “Las voces sobre algo tan sensible como la sostenibilidad financiera de las pensiones públicas han de quedar por encima de los avatares del debate estrictamente partidario”, reza el documento de esta Comisión.
Productos de previsión, “sencillos, pero potentes”:
Otra de las cuestiones clave planteadas en el informe es la colaboración público-privada. En este sentido, la Comisión plantea al sector asegurador una serie de necesidades que éste debe abordar: en primer lugar, avanzar en transparencia, y en la información que los usuarios reciben; en segundo lugar, tiene que avanzar en materia de más competencia en precios; y, por último, mejorar en productos, pues el sector, apuntó Rato, no está ofreciendo suficientes productos “atractivos”. Se precisan, añadió, “productos sencillos a la vez que potentes”.
Este dictamen, fruto de 18 meses de trabajo de los miembros de esta Comisión, partiendo de un documento técnico elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), resume sus planteamientos en un decálogo de recomendaciones entre las que se incluye, además de las mencionadas, que se “acometa una revisión de las bases del cómputo de las pensiones que tenga en cuenta el conjunto de la vida laboral”.
Asimismo, se recuerda que el efecto del envejecimiento afecta no sólo al sistema de pensiones, sino también a la Sanidad y la Dependencia. En el caso de la Sanidad, la Comisión interpreta que el riesgo de sostenibilidad no vendrá por la propia evolución demográfica, sino por la evolución del gasto sanitario, por lo que se recomienda tomar medidas de mejora de la gestión, sin menoscabar prestaciones, que incentiven la productividad y la eficiencia. En Dependencia, aunque el modelo tiene pocos años de vigencia, estos expertos ven que deben reevaluarse ya la solidez y sostenibilidad del actual sistema de financiación.
Compromiso de las aseguradoras:
Durante este acto, la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, afirmó que el Comité Ejecutivo de la asociación, conocido el dictamen de esta Comisión, ha valorado de forma “muy positiva” sus conclusiones, y ha destacado que cumple “plenamente” el objetivo deseado cuando se impulsó el trabajo, que es el de ofrecer a la sociedad un análisis “independiente y profesional” para un “debate social imprescindible”. El documento, comentó González de Frutos, está ya siendo distribuido a una “larga lista” de instituciones sociales y políticas de todos los ámbitos. Desde el sector asegurador se reitera el “compromiso” de participar activamente en el proceso de reformas.
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UGT rechaza que se alargue la edad legal de jubilación. Declaraciones de Cándido Méndez en el programa “Hoy por hoy de la Cadena Ser”:
Cándido Méndez ha afirmado que UGT no comparte alargar la edad legal de jubilación y así lo manifestó en su comparecencia “en la Subcomisión del Pacto de Toledo”, donde ningún compareciente planteó esta cuestión, aunque sí se habló sobre alargar la edad real de jubilación. Un tema que se puede debatir, aunque Méndez aclaró que España es uno de los países de la vieja Europa que tiene la edad real de jubilación más tardía. El Secretario General de UGT ha dicho que ni incluso el propio Ministerio de Trabajo, desde hace muy pocas fechas, negaba contemplar esa posibilidad.
La propuesta del Gobierno de alargar legalmente la edad de jubilación es una medida, que así planteada, y sin matices, “supone un recorte en la cuantía de las pensiones y un endurecimiento de las condiciones de acceso, en una situación en la que la tendencia es a acortar las carreras laborales”. Así, “los jóvenes entran en fechas tardías al mercado laboral, con 26, 27, 28 años y en España la población activa por encima de 50, 52 años se está reduciendo también. No por voluntad de los trabajadores sino porque las empresas tienen esas estrategias de despido. Por tanto, es una medida muy polémica que yo, sinceramente, sólo la puedo ubicar en una visión de corto plazo, probablemente para contentar a los mercados financieros, y no sé siquiera si se van a contentar esos mercados, y, sin embargo, no le veo un encaje en una visión a largo plazo para la supervivencia de las pensiones públicas de nuestro país”.
El Secretario General de UGT ha reconocido que esta propuesta “no es precisamente un acicate para el diálogo social en materia de pensiones” y ha resaltado que esta medida todavía “tiene que pasar por el Parlamento y ahí pueden ocurrir muchas cosas”.
