La Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT de Madrid, considera que la obsesión y fanatismo de Esperanza Aguirre y de su Consejero de Sanidad, por poner en marcha los nuevos hospitales “como sea”, ha generado un problema de inseguridad e incertidumbre sobre el Servicio Madrileño de Salud y los profesionales sanitarios que pasaron a trabajar en estos centros.
El pasado viernes 27, el Consejo de Ministros, Acordó presentar RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, contra el artículo 12, de la Ley de Medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid, ya que este artículo podría invadir competencias del Estado al no respetar la normativa básica ‐Estatuto Marco‐ en vigor en materia de función pública sanitaria.
Regulación impugnada en materia de función pública sanitaria:
“El artículo 12 de la Ley de la Comunidad de Madrid se refiere al personal estatutario fijo de la sanidad pública madrileña que pase a prestar servicios en instituciones sanitarias creadas bajo nuevas fórmulas de gestión, incluidas las concesiones a operadores privados, y regula la situación administrativa de los servicios bajo otro régimen jurídico sin respetar lo establecido en el Estatuto Marco del Personal Sanitario de los Servicios de Salud. Ello podría suponer una extralimitación competencial de la Comunidad de Madrid, al vulnerar una norma básica estatal vinculante para las comunidades autónomas”.
Para el Gobierno, “el artículo 12 altera la uniformidad del régimen básico estatutario al extender a “cualquier momento y con anterioridad a la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación” el derecho de reincorporación al servicio activo, cuando este derecho se limita a tres años en el caso de la norma básica estatal. Además, en el régimen jurídico básico el tiempo prestado en situación de servicios bajo otro régimen jurídico sólo computa a efectos de antigüedad, mientras que en la ley de la Comunidad de Madrid también cuenta para la carrera profesiónal. Con esta medida se rompe el régimen unitario del precepto básico y se impide su aplicación en todo el territorio nacional, dificultando la movilidad para cubrir los puestos vacantes”.
La FSP‐UGT de Madrid, considera que el Gobierno Regional y los sindicatos del sector conniventes, han engañado a los profesionales sanitarios, ocultándoles los riesgos de inconstitucionalidad del artículo 12 de la norma autonómica, tal y como pone de manifiesto el Consejo de Ministros. Se trataba de dotar, “de cualquier manera”, de profesionales formados y con experiencia a los nuevos hospitales, sin los cuales no hubiera sido posible su puesta en marcha. En definitiva, esto ha supuesto dejar en precario a los hospitales públicos tradicionales y extender el caos a todo el Servicio Madrileño de Salud.
Finalmente, la FSP‐UGT de Madrid, exige al Gobierno Regional que sus errores no penalicen los derechos de la ciudadanía ni las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, permitiendo el retorno a su centro de origen a quien así lo solicite.
